Comprometido con la tarea de despejar el horizonte político de mi patria, siento el deber ineludible de aclarar a mis amigos demócratas del Continente la secuencia de vicios electorales pretéritos y el sórdido ardid actual para imponer a mi pueblo un presidente ilegítimo y NO CONSTITUCIONAL en el 2006.

Por tradición —por eso que la escritora Yolanda Oreamuno llamó  “el paisaje cómplice de nuestra sociología”— los costarricenses nos resistimos a aceptar que en la historia hasta 1948 abundan los fraudes electorales, y que la creación de un Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Constitución de 1949 no lograron consolidar en nuestra tierra esa pureza del sufragio por la que se derramó sangre a mediados del siglo XX.[1]

Orgullosos de nuestro prestigio democrático en el mundo no queremos dar el brazo a torcer, denunciado el proceso de reelección de Oscar Arias* como lo que es: un acto de piratería política. La corrupción de nuestra clase política se ha desbordado. Como Luis Donaldo Colosio, veo un país agraviado por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla[2].

Es hora de que se conozca la verdad.


El fraude de 1998 y el Combo del ICE

El candidato socialdemócrata José Miguel Corrales fue víctima del fraude electoral que en 1998 llevó a la presidencia al neoliberal Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, hoy depuesto Secretario General de la OEA por cargos de corrupción. En declaraciones recogidas por el periodista José María Penabad, director del periódico OJO, afirmó Corrales:

“Yo fui víctima del último fraude electoral del Siglo, practicado interesada e impunemente por los medios electrónicos, con la manipulación de una encuesta engañosa que se difundió tres horas antes del cierre de la urnas, el día de los comicios”[3].

El fraude, que Penabad califica de “penosa circunstancia democrática”, fue practicado en Canal 7 de televisión con base en una encuesta falsa de CID-Gallup, en franca violación de las leyes electorales de Costa Rica, “anunciando que Rodríguez marcaba una superioridad de 10 puntos tres horas antes del cierre de las urnas”. En palabras de Corrales, un “fraude claro que quedó impune” [4].

Poco después, durante la administración de Rodríguez Echeverría, ocurrió un evento trascendental que condicionó los fraudes del 2002 y de 2006, realizados para instalar en la casa presidencial a Abel Pacheco y a Oscar Arias, respectivamente. Fue aprobado en la Asamblea Legislativa un conjunto de leyes tendientes a privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)[5]. El pueblo se lanzó a las calles en defensa de su patrimonio y obligó al Gobierno a echar atrás el llamado “Combo del ICE”[6].

Esta histórica acción popular, en la que ejerciendo su poder soberano el pueblo frenó la codicia privatizadora neoliberal, resultó ser una alerta roja para algunos grupos empresariales y para todo el hamponato político de Costa Rica [7].


El fraude del 2002

Para las elecciones de 2002 los días del corrupto bipartidismo tradicional costarricense parecían contados. Tomaba fuerza una tercera fuerza con el economista Ottón Solís Fallas al frente. Fue entonces que surgió en los círculos plutocráticos la idea de la reelección de Oscar Arias. Según relata José Miguel Corrales en la citada publicación:
 
“don Rodrigo Arias (hermano de Oscar*) visitó la casa presidencial para pedirle a don Miguel Ángel Rodríguez que el azúcar no figurase en el tratado de libre comercio con Chile. Y, de esta conversación surgió la oportunidad de hacer una exclusiva reunión en la residencia de don Rodolfo Jiménez Borbón, cuyos intereses, también azucareros, se centralizan en Juan Viñas, como es de dominio público. La cita se amplió a Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Oscar Arias* y su hermano, amén del anfitrión, don Rodolfo. Y tras el asunto del azúcar, que no a todos involucra, se profundizó en la política. Para ellos ningún precandidato es fiable para sus intereses. Aprovechando los índices en los sondeos, el hombre de confianza, de garantía, era Oscar Arias. Estuvieron de acuerdo. Y tan conformes que se produjo, ipso facto, el maná costoso de una campaña millonaria.” [8] 
      
El grupo autodenominado Costa Rica Primero depositó fondos para promover el cambio constitucional para permitir la reelección presidencial de Oscar Arias, en una cuenta bancaria manejada por Jiménez-Borbón, miembro de una de las familias más connotadas de la oligarquía costarricense y accionista influyente del periódico La Nación.  

Se convino en que Oscar Arias “aportaría” todos los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rafael Ángel Calderón y Rodríguez los necesarios del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para alcanzar los 38 votos, que constituyen la mayoría calificada para la reforma parcial a la Constitución Política en la Asamblea Legislativa.
Pero las cosas no funcionaron... Los diputados del PLN habían sido designados por Corrales, candidato perdedor (por fraude)  en 1998, por lo que Arias no logró apoyo unánime de la fracción socialdemócrata a sus pretensiones reeleccionarias y por ende al cambio constitucional requerido. Apelaron entonces a Calderón y al presidente Rodríguez para hacerlo al revés (todos los diputados del PUSC y el PLN poniendo solo el faltante para 38), pero Calderón y Rodríguez dijeron “NO”.

Se extinguió así la posibilidad de modificar la Constitución Política en la Asamblea Legislativa por las vías legítimas de una democracia representativa.

Al traicionar el expresidente Calderón y el presidente Rodríguez su fidelidad al gran capital, representado por los hermanos Arias y “Popo” Jiménez-Borbón, cayeron en desgracia y perdieron el tradicional “derecho a la impunidad” de los expresidentes costarricenses. Los retrógrados gestores de la reelección de Arias decidieron castigar eventualmente a Calderón y Rodríguez por su falta de colaboración [9], y tomar el atajo del fraude electoral acudiendo a la Sala Constitucional (Sala IV).  


La gran mentira de Oscar Arias

Consciente de la naturaleza espuria y antidemocrática de una modificación de la Constitución Política extraparlamentaria, a nivel judicial, Oscar Arias había sido claro en declaraciones publicadas por el matutino La Nación el 2 de diciembre de 1999, en cuanto a que nunca acudiría al Poder Judicial a cambiar la Constitución para lograr su reelección. En esa oportunidad la periodista Berliot Herrera le preguntó: “¿Tratará de interponer una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV para que se permita la reelección presidencial?” Oscar Arias* respondió:

“No. Me parece que el único camino es una reforma constitucional en la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional no tiene nada que ver con esto. Sería burlar a 57 diputados si uno esquiva el debate en el Parlamento. Sería una actitud antidemocrática tocar las puertas del Poder Judicial” [10]. 
 

Tráfico de influencias y  traición de un Magistrado

Al cerrarse toda posibilidad en el Congreso, los instigadores del fraude acudieron a la instancia judicial mediante un recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 132 de  la Carta Magna, que por 30 años prohibió la reelección presidencial en Costa Rica. El intento fracasó en la primera oportunidad, ya que por votación de 4 a 3 los magistrados constitucionales rechazaron el recurso, quedando vigente el impedimento que afectaba a Arias como expresidente.

El actual ministro de Cultura Guido Sáenz Gonzáles reveló en su autobiografía que Oscar Arias le confesó el tráfico de influencias ejercido sobre la Sala Constitucional: “Guido, yo estaba ciento por ciento seguro de que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados. Uno me traicionó”— dijo Oscar Arias [11].

Ese resultado judicial impidió a Oscar Arias figurar como candidato en la elección del año 2002, pero el mismo grupo impuso a Abel Pacheco como presidente, gracias a masivas contribuciones ilegales de dinero a su campaña política. Pacheco llegó al poder en una segunda ronda electoral, con el apoyo efectivo de solo un 25 por ciento del electorado, apalancado por un fraude electoral de dineros inyectados a la campaña al margen de la ley, control mediático, manipulación de debates y encuestas maquilladas. [12]


Un bazucazo a la democracia

La Asamblea Legislativa procedió luego a sustituir dos magistrados en la Sala Constitucional [13]. En un nuevo recurso de inconstitucionalidad estos se sumaron a los tres que en minoría antes apoyaron la tesis de la reelección. Fue así como Arias logró la mayoría de 5 a 2 que le aprobó en 2003 su posibilidad de reelección. Cinco meses antes de la sentencia de la Sala IV mi periódico virtual “Campanada”[14] publicó en internet declaraciones de un asesor de Oscar Arias anticipando el resultado exacto. Posteriormente ante una comisión investigadora de  la Asamblea Legislativa Oscar Arias admitió su amistad y contacto con la magistrada constitucional Ana Virginia Calzada, redactora del fallo que permitió la reelección presidencial.

El expresidente socialdemócrata Luis Alberto Monge calificó  la acción de la Sala IV a favor de Arias como “un bazucazo a las instituciones democráticas de Costa Rica”.


El fraude de Oscar Arias para el 2006

El fraude para el 2006 quedó consumado. Una modificación de la Constitución Política de la República de Costa Rica fue realizada a través de una maniobra judicial; mediante un complejo tráfico de influencias y ejercicio de piratería política, a espaldas del pueblo y de sus representantes en el Parlamento. Hoy la participación de Arias como candidato a la presidencia ofende el honor y el decoro de un pueblo apegado a valores democráticos.

Y cabe recordar que paralela a la campaña electoral se tramita en la Asamblea Legislativa la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (TLC). Oscar Arias y sus aliados del gran capital resultan ser beneficiarios directos del tratado empobrecedor de las mayorías y lesivo a la soberanía y dignidad nacionales. Entre otras indignidades, el TLC incorpora la privatización solapada del ICE que el pueblo revocó en las calles hace pocos años.


II. OTROS FACTORES QUE CONSPIRAN PARA CONSOLIDAR EL FRAUDE DE OSCAR ARIAS:

1. El desarrollo de la campaña electoral durante los últimos meses revela que —con excepción de algunas expresiones tímidas y hasta ahora ineficaces- los demás candidatos a la presidencia tienden a legitimar la participación del candidato espurio Oscar Arias y, en consecuencia, el fraude electoral para hacerlo presidente. No existe hasta el momento una acción concertada de un bloque de candidatos a la presidencia, que denuncie y exhiba el fraude consumado por Arias. No hay consenso patriótico para impedir un gobierno ilegítimo suyo y hacer prevalecer la institucionalidad democrática.[15]
2. El efecto “Alí Babá”: Millones del pueblo para todos los políticos. Una razón poderosa que tiene la clase política para guardar silencio y tolerar el fraude, es la existencia de una multimillonaria contribución estatal a los gastos de la campaña electoral, que será repartida entre todos los partidos que alcancen un determinado porcentaje de la votación. Entre 15 y 18 mil millones de colones (30 a 36 millones de dólares) tornan lucrativa la mera participación, aunque Arias gane mediante fraude. Para la mayoría de los políticos de Costa Rica el objetivo es económico, y se limitan a trabajar para obtener diputados y gozar las delicias de la llamada “deuda política”[16].
   
3. Doble postulación. Existe un número significativo de candidatos a la presidencia con “doble postulación”. Se presentan simultáneamente como candidatos a presidente a primer diputado, lo cual prácticamente les asegura un premio de consolación al perder la elección presidencial. Ello induce a la tolerancia del crimen cívico que representa la participación de Oscar Arias como fraudulento candidato presidencial, en un  país donde la Constitución prohíbe la reelección. Invita al candidato presidencial a jugar dentro del sistema, ya que  perdiendo la presidencia siempre será un actor político como diputado durante los próximos cuatro años, y le abre la posibilidad de reciclarse como candidato presidencial en la siguiente elección[17].
   
4. Compra y control de medios de comunicación.  Oscar Arias a través del Grupo SAMA ha adquirido numerosas estaciones de radiodifusión en todo el país y el periódico La República. Cuenta con el apoyo de los dueños de los periódicos La Nación y Al Día, así como de periodistas dominantes en los principales canales de televisión. El control mediático de Arias es casi total.
   
5. Ausencia de control de las contribuciones de campaña. A pesar de los escándalos de la pasada campaña de Oscar Arias (1986) en que se le comprobaron contribuciones masivas del narcolavado[18] , y la del 2002 de Abel Pacheco, donde ingresaron dineros de procedencia y destino desconocido, no se produjeron las reformas legales que  permitan el control efectivo de las contribuciones ilícitas. El TSE alega que carece de instrumentos legales para evitar y sancionar las contribuciones ilegales.
   
6. Manipulación y publicación de encuestas falsas. No existe en Costa Rica responsabilidad legal o sanción por la publicación de encuestas falsas o “maquilladas”. Estas son frecuentemente contratadas, pagadas y manipuladas por los medios de comunicación a favor del candidato de los propietarios del medio, o de periodistas afines.  En Costa Rica existe licencia para engañar con encuestas y se utiliza ampliamente.    
   
7. Financiamiento de candidatos oportunistas y “turecas”.  Ha sido tradición del bipartidismo financiar candidatos oportunistas, con el objeto de dividir y debilitar al contrario, y/o atacarlo por interpósita mano. Ya en esta campaña aparecen partidos pequeños, carentes de recursos económicos, con pautas millonarias de televisión, prensa y radio para atacar a los opositores fuertes de Oscar Arias.
   
8. Nombramiento de la magistrada Eugenia Zamora y control del TSE. Esta persona de reconocida trayectoria “arista”, es una pieza de Oscar Arias enquistada en el TSE. Ocupó cargos públicos en gobiernos del partido de Oscar Arias y fue representante del PLN en el Banco de la Vivienda. Fue introducida ocultando sus antecedentes partidarios como magistrada en el Tribunal Supremo de Elecciones. Existe evidencia de creciente parcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones a favor de Oscar Arias.
   
9. Miembros de mesa electoral y fiscales falsos o insuficientes. Los partidos políticos han remitido listas de falsos miembros de mesa y fiscales, tomados al azar del padrón electoral sin su consentimiento. El TSE no ha verificado la anuencia de cada persona a presentarse el día de las elecciones a la mesa de votación en representación del partido que remitió su nombre al TSE. El número de delegados del TSE para el día de las votaciones es insuficiente para controlar el fraude.     
   
10. Conteo de votos en el TSE. El TSE ha intentado decretar cambios en el método de conteo de los votos, de modo que un fraude en las urnas sería más difícil de detectar. Trató de suprimir el recuento manual y la publicación de los resultados mesa a mesa. Y más grave aún: el TSE no ha definido con claridad la forma en que aplicará los sub-cocientes y residuos para la elección de diputados!!!  
    
11.  Voto con cruz o equis. La supresión de la huella digital para la votación facilita el fraude electoral mediante “chorreo” de votos en dos formas: Anulando el voto a favor del opositor mediante otra equis y llenando a favor de candidato propio los  votos emitidos en blanco. Este proceso es inevitable en las mesas con pocos miembros presentes.  
    
12. Castigo del Partido Rescate Nacional. Otro indicio de la parcialidad del TSE a favor del partido de Oscar Arias fue la exclusión de la nómina de diputados y vicepresidentes del partido de izquierda Rescate Nacional, después de que su candidato a la presidencia Álvaro Montero denunciara públicamente la apropiación ilegal de Oscar Arias de tierras con restricciones del Instituto de Desarrollo Agrario[19]. 
    

1. Es necesario y urgente reconocer públicamente que el fraude ya está consumado desde el momento en que el Candidato de la Sala IV, el expresidente Oscar Arias Sánchez*, figura en la papeleta presidencial para las elecciones del 2006, contraviniendo la Constitución Política.
2. Es necesario y urgente un cambio inmediato de actitud en cuanto a la tolerancia tácita del fraude por parte de los demás candidatos a la presidencia de la República. Al participar con Arias en la papeleta presidencial están legitimando el fraude que pondrá el candidato espurio y en la silla presidencial. Así de sencillo, así de claro. 
3. Es necesario y urgente denunciar en forma valiente y directa, por parte de los demás candidatos legítimos a la presidencia, el crimen cívico de Oscar Arias y el maquiavélico proceso de su consolidación por el TSE dominado por Arias y su gente.
4. Es necesario y urgente respaldar la denuncia del fraude antes detallada ante la opinión pública y las instancias internacionales, como la OEA, el Centro Carter, Transparencia Internacional, los presidentes de América, etc., para lograr respaldo a los procedimientos democráticos: que Oscar Arias* desaparezca como candidato presidencial hasta que un referéndum consultivo, una constituyente o una modificación constitucional de la Asamblea Legislativa, derogue la prohibición constitucional de la reelección presidencial, como corresponde en un Estado de Derecho.