Algunos diputados estaban empeñados en destituirla, mas no pudieron. La licenciada Ana Virginia Calzada, magistrada de la Sala Constitucional (Sala IV), quedó reelecta por un nuevo período de ocho años. Calzada es recordada como “La doña del bazucazo”, por su responsabilidad en la redacción de la sentencia que en el año 2003, cambió la Constitución Política para permitir la reelección de Oscar Arias como presidente de Costa Rica. La inaudita resolución, calificada de “bazucazo a la democracia” por el expresidente Luis Alberto Monge, se produjo después de sospechosos encuentros de Arias y Calzada en un restaurante en Escazú, propiedad de Ana Ross, una amiga común.
En Costa Rica el nombramiento y remoción de magistrados es determinado exclusivamente por políticos: los diputados de la República. Antiguamente, durante el bipartidismo PLUSC, eran los abogados de las dos fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa, quienes proponían los candidatos y llegaban a un acuerdo sobre el personaje a nombrar. Después de la creación de la Sala IV se estableció entre los partidos Unidad y Liberación un extraño pacto de alternancia conforme quedaban vacancias: uno tuyo–uno mío; un perico-un mariachi. Así se manejó el asunto por años.
Fue en este tiempo que se eligió a Ana Virginia Calzada, cuyo principal atestado para el alto cargo fue estar casada con Bernal Aragón, político muy cercano a Miguel Ángel Rodríguez. Irrelevante como jurista y sin carrera judicial suficiente, Calzada fue catapultada de simple jueza en Curridabat a magistrada de la Sala Constitucional, a puro apalancamiento político. La verdadera razón --que riendo satisfecho comentó a la sazón su entonces influyente mentor-- es que necesitaba quitarse de encima la pensión del divorcio consiguiéndole a su esposa ese sueldo de magistrada. ...¡Solo en Costa Rica!
Como garantía de la independencia del poder judicial –y por ende de la división de poderes—se considera conveniente que los funcionarios que llegan a los más altos cargos en el Poder Judicial, no puedan ser removidos con facilidad por los políticos. Por eso se establecieron nombramientos por ocho años y reelección automática, a menos que una mayoría calificada (38 votos) entre los diputados disponga lo contrario. Así, nuestra “doña del bazucazo” logró una vez más permanecer en el más alto tribunal constitucional, superando sin discusión de sus errores y cuestionamientos, una posible destitución.
Hoy las cosas han cambiado un poco para la elección de nuevos magistrados. Los candidatos deben pasar el filtro de una comisión parlamentaria de nombramientos, que realiza audiencias públicas a los candidatos. La han burlado algunos altamente cuestionados por actos de corrupción, como el doctor Fernando Cruz. Pero esperamos, al menos, que nunca se preste a recomendar personas sin experiencia o carentes de atestados, solo para que algún personaje político influyente se economice la pensión de su doñita en el divorcio.
Campanada 550
8 de marzo de 2009
